Desde agosto, empresas y organismos deberán informar cuándo una persona interactúa con sistemas de IA y señalar determinados contenidos generados o manipulados artificialmente.
La Unión Europea avanza en la aplicación gradual de su Reglamento de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, con una nueva fase de obligaciones que afectará a desarrolladores, proveedores y empresas que utilizan sistemas generativos, asistentes virtuales, reconocimiento de emociones y contenidos sintéticos.
A partir del 2 de agosto de 2026 comenzarán a aplicarse nuevas exigencias de transparencia. Entre ellas se encuentran la obligación de informar a los usuarios cuando están interactuando con una inteligencia artificial y el deber de identificar determinados contenidos creados o modificados mediante esta tecnología.
La Comisión Europea publicó el 20 de julio nuevas directrices para ayudar a proveedores y usuarios empresariales a interpretar estas obligaciones. El objetivo es reducir el riesgo de engaño, suplantación de identidad, fraude, manipulación y difusión de desinformación mediante sistemas automatizados.
Chatbots y asistentes deberán identificarse
Una de las medidas más visibles afectará a los chatbots, asistentes digitales y otros sistemas diseñados para comunicarse directamente con las personas.
Las organizaciones deberán informar de manera clara cuando un usuario esté interactuando con una máquina, salvo que la naturaleza automatizada del sistema resulte evidente por el contexto.
La medida busca impedir que una persona confunda una conversación automatizada con la atención proporcionada por un trabajador, asesor, funcionario o representante humano.
Esto tendrá implicaciones para servicios de atención al cliente, plataformas financieras, comercios electrónicos, sistemas de salud, administraciones públicas y empresas que utilizan asistentes de inteligencia artificial en sus páginas web.
Las compañías deberán revisar la forma en que presentan estas herramientas y asegurarse de que la información sea comprensible, visible y accesible desde el inicio de la interacción.
La Unión Europea exige identificar contenido generado con IA
Los proveedores de sistemas generativos deberán incorporar mecanismos que permitan detectar cuándo un contenido fue creado o manipulado mediante inteligencia artificial.
La regulación contempla que las imágenes, audios, videos y textos producidos por estos sistemas puedan identificarse en un formato legible por máquinas, siempre que sea técnicamente posible.
Además, quienes publiquen imágenes, grabaciones o videos falsos con apariencia realista —los denominados deepfakes— deberán informar de manera visible que el material fue generado o alterado artificialmente.
La obligación también puede alcanzar textos creados con inteligencia artificial cuando sean publicados para informar al público sobre asuntos de interés general. La norma contempla excepciones, entre ellas determinados usos artísticos, satíricos, creativos o sujetos a revisión y responsabilidad editorial humana.
El objetivo no es prohibir el contenido generado con IA, sino permitir que los ciudadanos conozcan su origen y puedan evaluar mejor su autenticidad.
Reglas para reconocimiento emocional y clasificación biométrica
Las organizaciones que utilicen sistemas de reconocimiento de emociones o de categorización biométrica deberán informar a las personas expuestas a esas tecnologías.
Estas herramientas pueden intentar deducir estados emocionales, comportamientos o características personales mediante el análisis de rostros, voces, movimientos u otras señales biométricas.
Sin embargo, algunos usos ya están prohibidos. Desde febrero de 2025, la legislación europea impide determinadas aplicaciones de reconocimiento emocional en centros educativos y lugares de trabajo, salvo excepciones relacionadas con razones médicas o de seguridad.
La ley también prohíbe prácticas como la puntuación social, la manipulación perjudicial, la explotación de vulnerabilidades y la recopilación indiscriminada de imágenes de internet o cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial.
Las reglas se aplican según el nivel de riesgo
El AI Act organiza los sistemas de inteligencia artificial mediante un enfoque basado en riesgos.
Las aplicaciones consideradas de riesgo inaceptable están prohibidas. Los sistemas de alto riesgo están sometidos a controles más estrictos, mientras que las herramientas de riesgo limitado deben cumplir principalmente obligaciones de transparencia.
Finalmente, las aplicaciones de riesgo mínimo, como algunos filtros de correo no deseado o sistemas de recomendación sencillos, pueden utilizarse sin la mayoría de las obligaciones adicionales previstas para las categorías superiores.
La Comisión Europea sostiene que este enfoque permite proteger los derechos fundamentales sin imponer los mismos requisitos a todas las herramientas tecnológicas.
Las obligaciones ya comenzaron en 2025
La aplicación de la ley europea no ocurre en una sola fecha.
Las prohibiciones sobre prácticas de riesgo inaceptable y las obligaciones relacionadas con la formación y alfabetización en inteligencia artificial comenzaron a aplicarse el 2 de febrero de 2025.
El 2 de agosto de 2025 entraron en vigor las reglas de gobernanza y las obligaciones para proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general, categoría que puede incluir grandes modelos capaces de generar lenguaje, imágenes o código.
Desde entonces, los proveedores que introducen nuevos modelos de propósito general en el mercado europeo deben conservar documentación técnica, facilitar información a las empresas que integran sus modelos y adoptar políticas para respetar la legislación de derechos de autor.
También deben publicar un resumen suficientemente detallado sobre los contenidos utilizados durante el entrenamiento de sus modelos. Los sistemas más avanzados que puedan generar riesgos sistémicos están sujetos a obligaciones adicionales de seguridad, evaluación y notificación.
Europa aplaza parte de las reglas para sistemas de alto riesgo
Aunque una parte importante del reglamento se activa en agosto de 2026, las obligaciones más exigentes para algunos sistemas de alto riesgo tendrán plazos posteriores.
Tras un acuerdo político sobre la simplificación del AI Act, las reglas para aplicaciones utilizadas en ámbitos como biometría, infraestructura crítica, educación, empleo, migración, asilo y control fronterizo se aplicarán desde el 2 de diciembre de 2027.
Los sistemas de inteligencia artificial incorporados en productos regulados, como juguetes, ascensores o determinados equipos industriales, tendrán plazo hasta el 2 de agosto de 2028.
La Comisión argumentó que el calendario debía ajustarse para permitir la elaboración de estándares técnicos, guías y herramientas de cumplimiento.
Por tanto, no todas las obligaciones sobre inteligencia artificial entrarán en vigor simultáneamente el 2 de agosto de 2026.
¿Qué deberán hacer las empresas?
Las organizaciones que operan en Europa deberán identificar qué sistemas de inteligencia artificial desarrollan, comercializan o utilizan.
También tendrán que determinar su nivel de riesgo, documentar sus funciones y establecer responsables internos para garantizar el cumplimiento.
En el caso de herramientas generativas y asistentes virtuales, será necesario revisar mensajes de advertencia, etiquetas, metadatos y mecanismos para identificar contenidos artificiales.
Las empresas también deberán capacitar al personal que utiliza o supervisa sistemas de IA. La obligación de promover un nivel adecuado de alfabetización en inteligencia artificial se aplica desde febrero de 2025 y exige considerar los conocimientos, la experiencia y el contexto de uso de los trabajadores.
Las compañías ubicadas fuera de Europa también pueden quedar sujetas al reglamento cuando ofrecen sistemas en el mercado europeo o cuando los resultados producidos por esos sistemas se utilizan dentro de la Unión Europea.
Multas de hasta el 7 % de la facturación mundial
El AI Act establece sanciones diferentes según el tipo y la gravedad del incumplimiento.
Las infracciones relacionadas con prácticas prohibidas pueden recibir multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial anual de la empresa, dependiendo de cuál sea el valor aplicable.
El incumplimiento de otras obligaciones puede ser sancionado con hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación mundial. La entrega de información incorrecta, incompleta o engañosa a las autoridades puede generar multas de hasta 7,5 millones de euros o el 1 % de los ingresos globales.
Para pequeñas y medianas empresas, la regulación contempla criterios diferenciados y límites destinados a evitar sanciones desproporcionadas.
La supervisión será compartida entre las autoridades nacionales de cada Estado miembro y la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que tendrá competencias específicas sobre los grandes modelos de propósito general.
Un modelo regulatorio con impacto mundial
La Ley de Inteligencia Artificial europea es el primer marco jurídico integral que regula esta tecnología mediante categorías de riesgo y obligaciones comunes para todos los países de la Unión.
Su impacto puede extenderse más allá de Europa porque las empresas internacionales deberán adaptar sus productos cuando quieran operar en ese mercado.
El nuevo marco también podría influir en el diseño de sistemas, contratos, políticas de privacidad y procedimientos empresariales en América Latina y otras regiones.
Para los usuarios, el cambio más inmediato será una mayor visibilidad sobre cuándo están interactuando con una inteligencia artificial y cuándo un contenido fue generado o manipulado digitalmente.
Para las empresas, comienza una etapa en la que la transparencia, la documentación y la supervisión humana dejarán de ser únicamente buenas prácticas y pasarán a formar parte de las obligaciones legales.
